El desembarco: sobre socios territoriales para las políticas públicas



Por Enrique Da Rosa
En  Villa Imaginaria viven 3000 personas, pero una de ellas es al mismo tiempo dueño de la radio del lugar, presidente del club social de la villa, socio importante de un club de servicios (que lleva el nombre del rey de la selva), es integrante de una logia y además sus dos hijos son concejales de ese pueblo. Los cuáles además son propietarios de la única estación de servicio del lugar y tienen campos forestados.

En todo el proceso de política pública (PP) existen varios puntos de inflexión donde se juega el éxito o fracaso de ésta: un acertado diagnóstico, un diseño participativo, correctos mecanismos de evaluación y varios puntos más.

En este artículo, se profundizará únicamente sobre la elección de socios territoriales para la ejecución de las PP descentralizadas en la cultura. De ello depende sumar las voluntades necesarias para aplicar las mejoras a la población.

Se debe acotar que se escribe desde la experiencia personal del autor y desde la óptica de PP que se aplican en Uruguay desde el ingreso del Frente Amplio al gobierno nacional. Esta puntualización es importante porque el talante de estas PP desde su promoción ha sido el cambio, con todo lo que se pueda entender por tal.

El cambio se ha aplicado en lo referente a la descentralización y desconcentración de varias PP, pero su sola llegada a más lugares del territorio o la posibilidad de que las decisiones se tomen en más de un lugar, tampoco aseguran el CAMBIO en mayúsculas.

Es en los pueblos pequeños, periféricos y dependientes en términos de desarrollo donde se eternizó a lo largo del último siglo el modelo patriarcal-caudillista-asistencialista que ha retrasado el crecimiento y maduración republicana de nuestro país. Esta mecánica de permanencia del statu quo se expresa en la naturalización del machismo en las instituciones locales, en la apatía popular que prefiere esperar o reclamar en lugar tomar la iniciativa, en la total falta de asociativismo en buena parte del país, la naturalización de la micro-corrupción casi siempre expresada en vínculos familiares-políticos, etc.

En la aplicación de estas PP se hace imprescindible la “lectura” de cada realidad social para llegar a discernir las situaciones de hegemonía en cada pueblo. Se trata de reconocer previamente los escollos que la aplicación de una PP pueda tener en un territorio donde está instalada socialmente la indiferencia a la defensa de los derechos de las mayorías. Centrar la política en los pequeños pueblos significa empoderar a todas y todos en las mismas condiciones, incluyendo a los que siempre tuvieron poder de decisión y a los que nunca tuvieron siquiera oportunidad de hablar.

Volvamos a Villa Imaginaria citada al principio, la villa no es tan imaginaria, es el perfil de varias localidades del interior del Uruguay con toda esa concentración de poder en manos de muy pocos.

Varias instituciones que en sus inicios buscaron el desarrollo de sus localidades han terminado siendo las que aseguran la permanencia de envejecidas formas y vías de información, formación y decisión.

Al momento de implementar la nueva PP se abren dos posibles caminos, ir contra esos grupos de poder local generando un importante freno o encontrar en el ADN constitutivo de cada institución local una brecha por donde ingresar y comprometerla con la nueva política.

Los resultados están a la vista. En algunos casos se encontró un socio proactivo en esas instituciones ya instaladas. Pero en otros casos los que siempre fueron postergados veían con asombro que desde ese momento los nuevos socios estratégicos del Estado eran los mismos que siempre han tenido el poder de decisión. Junto al poder que ya acumulaban ahora eran elevados al rango de co-ejecutor de PP.

Por todo esto es que la práctica del Estado en territorio también debe ayudar a que las expresiones de subalternidad tomen un lugar en el escenario socio-cultural de las localidades. Comenzar a crear el discurso contra-hegemónico.

Esto nos exige adaptar las PP a otro niveles de estructuras sociales, promoviendo el asociativismo en el interior de nuestro país sobrepasando las formas ya conocidas. Esto generará al Estado una nueva diversidad de potenciales socios, que tienen en sus objetivos colectivos el bienestar permanente de la población en una nueva etapa de desarrollo nacional.

Por lo cuál el propio principio republicano se transforma en un mandato imperativo: facilitar la difusión de las expresiones culturales de los actores menos favorecidos del paisaje cultural del interior. Beneficiando, en pos de la diversidad cultural, a los que siempre fueron dejados de lado, los que no hacían parte de “los mismos de siempre.”

 


 

Enrique Da Rosa Gestor Cultural. Gestor de Patrimonio Cultural Inmaterial. Coordinador Departamental Centros MEC Rivera

 

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